Procuradora General afirma que las víctimas también tienen derecho a un debido proceso

Al dictar una conferencia, Yeni Berenice Reynoso aseguró que su gestión en el Ministerio

Público trabaja para garantizar ese derecho y resaltó la necesidad de aprobar la ley de

protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales en riesgos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la

República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que históricamente solo se piensa el

debido proceso para los imputados, algo profundamente injusto para las víctimas que

también están dentro del proceso y que son las que realmente han sufrido un daño.

En ese sentido, confió en que el Congreso convierta en ley el anteproyecto que busca

garantizar la protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales

como un paso de avance en el proceso de aplicación, con equidad y justicia, de las

garantías del debido proceso.

“Desde el Ministerio Público, en conjunto con el Poder Ejecutivo, hemos trabajado

un anteproyecto de ley para la protección de los derechos de víctimas, testigos y

sujetos procesales, que esperamos que este año sea aprobado por el honorable

Congreso de la República Dominicana y promulgado por el honorable señor

Presidente”, dijo la titular del Ministerio Público al dictar una conferencia la mañana

del jueves en el marco del Congreso Internacional “Victimología Aplicada”,

organizado por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio

Público (IES-ENMP) y la Universidad a Distancia de Madrid (Udima).

En la apertura del evento, que concluyó al día siguiente, intervinieron Marien

Montero Beard, rectora del IES-ENMP, y Arturo de las Heras, presidente del grupo

educativo CEF-Udima.

En su conferencia “Justicia y reparación: un enfoque integral para las víctimas”, la

Procuradora General de la República destacó la relevancia del proyecto de ley para

dar respuesta a un vacío histórico en el sistema de justicia dominicano.

“No podemos avanzar sin un marco legal que garantice esa protección integral de las

víctimas. Se hace impostergable, es una deuda histórica que debe ser pagada. La

promulgación de esta ley de protección de víctimas, testigos y sujetos procesales en

riesgo no es un lujo, es una necesidad urgente, ni siquiera es una actualización porque

nunca hemos tenido una ley de protección de víctimas y testigo”, especificó la jurista

durante su intervención en el congreso desarrollado por el IES-ENMP en el Auditorio

de la Policía Nacional, de Santo Domingo.Reynoso indicó que la ley de protección de los derechos de víctimas, testigos y

sujetos procesales se sustentará en tres pilares: un programa de protección de

víctimas y testigos, la representación legal a nivel nacional y un sistema de atención.

“Debemos tener un programa de protección que impida que una víctima, por miedo,

sea silenciada. Debemos contar con un programa de protección de víctimas y testigos

como una forma de garantizar que las víctimas puedan denunciar, que los testigos

puedan testificar sin ningún temor, un modelo en el que la protección sea el eje

central”, dijo.

“El Estado, a través de Defensoría Pública, les garantiza a los infractores el derecho

irrenunciable a la defensa, y que bueno que sea así, no lo criticamos, de hecho,

reconocemos el trabajo, nosotros lo único que aspiramos es que la víctima tenga el

mismo derecho; es Constitucional, es legal y es una obligación jurídica del Ministerio

Público garantizarlo”, explicó.

Detalló que el sistema de atención garantiza que toda víctima tenga acceso, además

de medicina legal, a una atención clínica acorde a su caso específico.

“La reparación no solo deben ser palabras vacías, son la promesa de una sociedad

mejor, una República Dominicana donde el derecho es un proceso justo, rápido y

sobre todo, digno, que no sea un lujo o un derecho de una parte”, indicó.

Reynoso sostuvo que el sistema de justicia debe garantizar que las víctimas, “que no

eligieron serlo”, tienen que encontrar la reparación, la paz y el respeto que merecen

por un derecho violentado.